Tras el rechazo definitivo del CIADI al último recurso argentino, quedó firme la condena por la expropiación de Casinos Austria. La provincia de Salta deberá afrontar un costo multimillonario, consecuencia directa de una decisión política tomada en 2013 bajo la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le dio el golpe final a las finanzas salteñas al ratificar el laudo arbitral a favor de Casinos Austria International. El fallo deja firme una condena millonaria por la revocación de la licencia de Enjasa en 2013, durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey. Ahora, el Estado deberá desembolsar más de 45 millones de dólares entre capital, intereses y costas judiciales.
El origen del conflicto La historia se remonta a 1999, cuando bajo el mandato de Juan Carlos Romero se otorgó a Enjasa una concesión por 30 años para explotar los juegos de azar. Casinos Austria se sumó como inversor extranjero controlando el 60% de las acciones. Sin embargo, en 2013 y argumentando supuestas fallas administrativas, el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) de la gestión de Urtubey decidió rescindir el contrato 17 años antes de su vencimiento.
Para el tribunal internacional, la medida fue “desproporcionada” y constituyó una expropiación ilícita que violó el tratado bilateral de inversiones entre Argentina y Austria. El CIADI determinó que la provincia destruyó la inversión sin justificar una falta grave que ameritara semejante castigo.
Los números del revés financiero Aunque la indemnización inicial era de USD 21,6 millones, el paso de una década indexó la cifra de forma alarmante:
-
Capital e intereses acumulados: Superior a los USD 36 millones.
-
Costas procesales: Más de USD 2 millones.
-
Gastos arbitrales e intereses adicionales: EUR 6,2 millones (unos USD 7,2 millones).
Fuentes oficiales advierten que el total final superará con creces los 45 millones de dólares, un panorama crítico para una provincia golpeada por el recorte de fondos y la crisis presupuestaria.
Un peligroso precedente institucional Más allá del impacto en las arcas públicas, el fallo lesiona la seguridad jurídica de Salta ante el mundo y enciende las alarmas por otros litigios vigentes contra la provincia, como los casos de Aunor (peajes) y Aguas de Salta. El veredicto del CIADI sienta un peligroso antecedente técnico: las decisiones políticas mal calculadas de ayer se transforman en las deudas que pagarán los salteños mañana.
